Casos mediáticos y su influencia en la percepción de la figura del abogado

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No son pocos los casos mediáticos en los que los medios han mostrado figuras de letrados argumentando más de cara a la opinión pública que con argumentos jurídicos válidos por los tribunales. De hecho, esa simplificación de la comunicación para que toda la audiencia comprenda provoca en muchas ocasiones malos entendidos y campañas que atacan directamente a los magistrados o a los letrados sin comprender que no son ellos los que redactan las leyes.

En muchas ocasiones se han visto casos mediáticos en los que la sociedad se indigna ante lo que considera injusto. De hecho, algunos políticos propician ese debate negando la realidad que les corresponde. Critican sentencias judiciales sin recordarle a las personas que apoyan sus tesis que su trabajo real es hacer las leyes. Entonces, si las leyes son injustas, y el trabajo de los políticos es redactarlas y/o cambiarlas, ¿por qué no lo hacen?

La independencia de poderes implica tácitamente que los tribunales deben aplicar las normas en los casos que resuelven. Es decir, no corresponde a letrados ni a jueces redactarlas, ni mucho menos cambiar las mismas. Eso es el trabajo del legislativo, o sea, del parlamento y de todos los diputados que se encuentran en el mismo.

Por tanto, todos esos casos mediáticos que de algún modo están influyendo en la percepción social de que los abogados pueden ser “malas personas”, o que los jueces son “insensibles”, o incluso “poco justos”, debería tener un debate mucho más profundo. ¿Qué leyes demanda realmente la sociedad a los líderes políticos? ¿Qué se puede cambiar para conseguir sentencias más justas? ¿Pueden hacerse normativas adecuadas a los actuales tiempos que permitan una mejor administración de justicia? Todo ello nos llevaría a una sociedad más equilibrada, justa y mejor para todos. Pero quedarse con la crítica fácil al caso mediático, sin duda, solo debilita al sistema judicial que en este caso está entrampado en legislaciones que solo dependen de la voluntad de las cámaras parlamentarias.

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