El derecho a la tutela judicial efectiva

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Ciertos términos relativos al derecho y temas legales pueden resultar ciertamente confusos en muchas ocasiones, provocando que no tengamos claro de qué se está hablando o en qué nos repercute a cada uno de nosotros.

Es por ello que acabamos consultando a abogados o profesionales de la materia.

¿Qué entendemos por derecho a la tutela judicial efectiva?

Se trata de un Derecho Constitucional por el que toda persona puede ejercer libremente la defensa de sus derechos e intereses legítimos ante la jurisdicción. Esto quiere decir que puede acudir a un tribunal para resolver un determinado conflicto y obtener una resolución fundada en derecho.

Es un derecho fruto del Estado de Derecho, en el que los órganos jurisdiccionales son los encargados de resolver los conflictos. Éstos órganos forman la llamada administración de justicia que se puede definir como “la acción o resultado de administrar la Justicia”. Nos encontramos ante el concepto de ejercicio de la jurisdicción, o de función jurisdiccional.

Atendiendo a la clasificación clásica de los Poderes del Estado, su triple división sería: poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. El poder judicial es el que corresponde a los juzgados y tribunales cuando administran Justicia, es decir, cuando aplican el Derecho a un caso concreto. Aquí juega un papel muy importante la labor de los despachos de abogados.

El artículo 24.1 de nuestra Constitución Española dice que: “Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela judicial efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses, sin que, en ningún caso, se pueda producir indefensión”.

Consiste principalmente en el derecho que tiene un ciudadano a obtener una resolución judicial motivada y congruente. Puede ser favorable o adversa, cuestión que dependerá en cierta medida del bufete de abogados contratado, siendo necesario que dicha resolución se pronuncie sobre el fondo del asunto.

Este derecho lo pueden ejercer tanto las personas físicas como jurídicas para defender sus derechos e intereses legítimos y protegidos jurídicamente. El objetivo fundamental del mismo es que ninguna persona pueda sufrir la indefensión o la privación del derecho a su defensa.

La indefensión jurídica se produce cuando una persona se ve limitada o despojada por el órgano jurisdiccional de los medios de defensa que le corresponden. Esto provoca una grave situación de desigualdad. Por lo tanto, el derecho a la tutela judicial efectiva garantiza que todo individuo pueda disfrutar del derecho a ser defendido ante la jurisdicción pertinente.

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